Por qué se preguntarán algunos?.
Bien, me explico,
Hace un par de días atrás se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado (3-2), un proyecto de ley o de reforma constitucional para incorporar a la Convención Constitucional (esa que ganó el plebiscito por el 78% para redactarla), una norma que “reserva” 23 escaños o asientos para los pueblos originarios.
Dicha Convención, de acuerdo a las normas aplicables y que fue objeto del plebiscito, sólo DEBE Y PUEDE estar compuesta por 155 integrantes ( Ley 18.700) y no por 178, como se pretende por los “honorables” de izquierda.
Eso es grave gravísimo pues, mediante un verdadero e insano subterfugio legal con claros intereses políticos, se pretende doblegar o torcer groseramente la voluntad popular expresada en el nombrado acto plebiscitario. Todos votamos (apruebo o rechazo) teniendo claro que lo hacíamos considerando sólo los 155 integrantes de la Comisión Constitucional en el caso que ganara el apruebo y superara la opción “mixta”, como en los hechos ocurrió. Nadie votó y nadie consideró que se iban a aumentar los escaños pues nadie lo advirtió, partiendo por la propia ley y mucho menos, que eso ocurriera con posterioridad a dicho acto.
En consecuencia, alterar ex-post los fundamentos y condiciones del voto, es un acto tramposo y, claramente, atenta en contra de la Constitución, de la Ley y de la confianza de todas las personas que fueron a votar el pasado 25 de octubre.
Por otro lado, resulta igualmente inconstitucional el pretender hoy “reservar” 23 cupos a una determinada etnia, cualquiera que esta sea, pues se atropella, entre otros, el principio de la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución).
Los llamados pueblos originarios están compuestos por chilenos, nacidos en Chile, con los mismos derechos y obligaciones que tenemos todos los chilenos y no se avizora justificación alguna para que ellos gocen del “privilegio de la reserva de cupos o escaños”, salvo el infausto interés político. Si se aplicara este principio, de igual forma debiera aplicarse a otras etnias u orígenes, como lo son los alemanes, croatas, serbios, españoles, etc, que hay venido a este país a sembrar progreso y bienestar.
Es por lo anterior y por corresponderle ejercer su obligación de Jefe de Estado, es que Piñera debiera presentar un Requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnarlo, por tratarse de un proyecto de ley claramente inconstitucional, ilegal y discriminatorio.
De no hacerlo (actitud frecuente), se hará justo acreedor a una más de las razones por las cuales debiera ser acusado constitucionalmente, por no cumplir ni con la Constitución ni con la ley.
CRF

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