Este domingo 25 de octubre, los chilenos deberán concurrir a votar en un plebiscito, para definir si están a favor o en contra de redactar una nueva constitución. Si una mayoría de más del cincuenta por ciento aprueba, se irá adelante con una convención constituyente, la cual estaría formada por terceros elegidos y denominada constitucional o -dependiendo de una segunda papeleta- por una combinación de parlamentarios y terceros llamada mixta. La alternativa es el voto de rechazo, lo que implicaría mantener la actual constitución.

Este plebiscito tiene su origen en la extorsión de vándalos que presionaron al Gobierno y a los falsos demócratas, en octubre de 2019. Enardecidos anarquistas destruyeron bienes públicos, como el metro de Santiago, iglesias, comisarías de

la Policía y saquearon y destruyeron comercios en todo el país. Los políticos cobardes firmaron un acuerdo de «paz», para ir adelante con el plebiscito en comento, al más puro estilo chavista. El fin de semana pasado, al cumplirse un año del estallido delictual -estallido social para los ingenuos- los vándalos salieron de nuevo a las calles, quemando y destruyendo dos iglesias católicas de gran relevancia. Adicionalmente, quemaron el Ayuntamiento de Valdivia en el sur de Chile y saquearon bienes en distintas ciudades. La Policía, por orden del Gobierno, ha tomado un rol más observador para evitar demandas de organismos de derechos humanos financiados y avalados tanto por el Estado de Chile como por las Naciones Unidas.

Chile está bastante paralizado y atemorizado. Un grupo pequeño de chilenos tiene capturada a la sociedad y los progres cada vez son más escuchados y las minorías han tomado el control de la agenda legislativa y mediática. Como la economía se ha visto afectada severamente, muchos culpan al gobierno de esta situación, en circunstancias que los principales culpables de la crisis son los mismos violentos que buscan destruir las bases del exitoso modelo de desarrollo chileno de los últimos 40 años. Cuando Chile estuvo amenazado bajo el gobierno del marxista Salvador Allende, la democracia chilena fue incapaz de resolver la crisis interna, lo que derivó en la intervención de las fuerzas armadas chilenas, muy en contra de su propia voluntad. Hoy, cincuenta años después, Chile enfrenta otra situación extrema, esta vez bajo un gobierno de «centro-derecha».

El entorno regional en Suramérica es complejo y esto tampoco ayuda a Chile. Argentina atraviesa por una nueva y terrible crisis con gobernantes perseguidos por la Justicia y socios de Maduro y de Ortega. Perú enfrenta una crisis política y económica de difícil solución y Bolivia acaba de elegir a un nuevo presidente, perteneciente a las huestes de Evo Morales, antes expulsado por corrupto. Para complicar más las cosas, Chile recibió bajo los cuatro años de la expresidente Bachelet, casi un millón de inmigrantes, la mayoría ilegales. Hoy Bachelet vive cómodamente en Ginebra y observa a la distancia como su país sufre las consecuencias de las pésimas políticas implementadas bajo su mandato. Este domingo se constatará si los chilenos quieren recuperar la cordura, o quieren continuar rumbo al modelo venezolano. En este mundo loco, todo es posible. Solo pensemos que Cuba, una tiranía de más de sesenta años, que obtiene un cupo en el Consejo de DDHH de la ONU.

Chile enfrenta otro problema de no fácil solución, vinculado a demandas territoriales de grupos amparados por terroristas en la región de la Araucanía. En los últimos años han sido quemados más de quinientos camiones, centenares de maquinarias forestales, decenas de casas de agricultores y escuelas públicas donde estudian los jóvenes de esa misma zona. Chile ha firmado en el pasado una serie de acuerdos internacionales que protegen a los llamados «pueblos originarios». Lo curioso es que los miembros de pueblos originarios aumentaron exponencialmente por las facilidades que dio el Estado chileno para transformarse de chileno común, en miembro de «pueblos originarios». Los requisitos son ridículos y como se les da acceso a importantes beneficios económicos, muchos chilenos pasaron en las últimas dos décadas a pertenecer a diversas etnias. El Estado les permite acceso a tierras, las que son compradas por el Estado a precios de mercado, las que no pueden ser vendidas por la comunidad indígena. Ya se tramita en el Congreso chileno escaños reservados para miembros de estos «pueblos originarios», lo que ha generado legalmente que en Chile ya hay chilenos de primera clase y otros de segunda clase.

Es muy penoso constatar como un país admirado, vuelve a su mediocridad, por voluntad de sus propios habitantes. Hoy las palabras de moda en Chile son: inclusión, plurinacionalidad, desigualdad, diversidad, mascotas, todas y todos, inmigración, derechos sociales, gratuidad, más Estado y menos propiedad privada. En el pasado, los términos comunes en mi generación eran: sacrificio, deberes, austeridad, respeto, estudio, patria, familia y compromiso.

En momentos en que la Iglesia chilena, también ha estado ausente del debate -por razones por todos conocidas- le pedimos en directo a Dios que cuide a Chile.

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Para ABC de España por Andrés J. Montero, empresario y columnista chileno

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