Sorprende que a un año del violento estallido revolucionario, aún se le llame estallido social. Lo de social es una consecuencia de una acción “revolucionaria” proyectada y practicada con maestría. No es casual que el diputado Teillier diga que, más allá de la violencia, no se puede impedir la manifestación popular.

Los autores internos de tal situación son evidentes. Un Partido Comunista que no conoce ni respeta la democracia; una izquierda dura que anhela el poder y permite y tolera la violencia como camino de acceso a éste; una clase política de centro que no tiene capacidad de reconocerse a sí misma como tal y adhiere a los extremos más negativos; una derecha de extrema debilidad conceptual, que no tiene claridad sobre sus reales principios y con frecuencia respalda posiciones incoherentes con su identidad, y, consecuentemente, por tales razones, no tiene capacidad de articular un relato significativo e influyente.

No es posible no tener claridad acerca del poder del narcotráfico, presente con fuerza en la Araucanía y financiando en parte a los ejecutores de la violencia en todo el país. Su poder ascendente, estrechamente vinculado con carteles internacionales, no ha sido considerado ni se ha visto que se esboce un plan para detener su rápida y gravísima expansión.

Tampoco se atiende al fenómeno mundial de desestabilización y violencia que, igual que el coronavirus, azuela a numerosas sociedades. Resulta incomprensible que más allá de las múltiples declaraciones que conocemos de los ideólogos del “globalismo”, dotados de grandes recursos económicos para alcanzar sus objetivos, no se identifique a este grupo y a sus representantes en Chile como parte del revolucionario estallido, que tiene como determinante objetivo la destrucción de la unidad e identidad de nuestro país.

Debiendo enfrentar estas realidades, tenemos un gobierno que sin coraje, ni claridad, ha sido incapaz de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para resolver esta inicial “falsa crisis”. Cuando el Presidente habló de “guerra”, no estaba tan lejos de la realidad, pero voces cercanas o influencias poderosas lo hicieron abandonar esa única acertada impresión. Después de eso, el temor por la acción de los activistas de los llamados “derechos humanos” -que realmente no son tales ya que sólo se refieren a las acciones del Estado, ignorando y casi despreciando lo que sucede con toda la población objeto y víctima de tales violencias- se abandonó el deber esencial de mantener el estado de derecho, haciendo real uso de la fuerza de represión, que la Constitución le concede a la autoridad gobernante para imponer el orden y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. En lugar de cumplir con su deber constitucional, el Presidente y su gobierno resolvieron comenzar a ceder a las pretensiones de la izquierda, que encontró el camino abierto para exigir como precio al cese de la violencia nada menos que la propia Constitución, aduciendo una razón de origen. El gobierno y los políticos la entregaron, como moneda de cambio, pero nunca recibieron la contrapartida de la vuelta a la tranquilidad.

El fenómeno de la inquietud social es algo permanente en quienes tienen un proyecto de vida y el deseo de un mejor futuro. La gente sabe que ese objetivo sólo se logra con esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, cuando emerge una energía negativa como la del estallido revolucionario se producen varios efectos, entre los cuales está el de la oportunidad de lograr algo, que puede ser lo anhelado, o simplemente se descubre una oportunidad para dar curso a una expresión o hacer lo que otros hacen. Educación, pensiones, salud, vivienda transporte y otras necesidades aparecen en el coro manifestante, pero en ningún momento se escuchó de ellos la palabra Constitución. No estaba en la mente de quienes desfilaban, no existía la necesidad de ocuparse ella.

La Constitución fue vista como un camino supuestamente apto para cambiar el modelo económico y acrecentar la intervención del poder del Estado, claro objetivo de la extrema izquierda y naturalmente, del Partido Comunista. Resulta por eso inexplicable que tanto el Gobierno como los partidos que lo apoyan no hayan advertido la maniobra ideada por el enemigo del progreso y el desarrollo que caracterizó a Chile por treinta años, algunos de los cuales estaban entre los artífices del caos sobreviniente, y en todo caso, eran observadores interesados de la violencia que ha continuado sin reservas su operación.

El 18 de octubre del 2019 no es el producto de una crisis social. Es una maniobra muy bien articulada por los enemigos de Chile ya señalados. La verdadera crisis social la desataron ellos, sin tener ningún interés en resolverla.

/Escrito por Alicia Romo para El Líbero

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